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Una Ley educativa para el siglo XXI

El Consejo de Ministros del Gobierno ha dado luz verde al Proyecto de Ley de Educación que finalizará derogando la LOMCE por una normativa que colocará al alumnado en el centro de toda la educación para darle más calidad, más excelencia y más equidad al sistema educativo público.

Para el PSOE, una buena educación es la mayor fuente de riqueza y el principal recurso de un país y de su ciudadanía. La población precisa de una ley educativa del siglo XXI que nos garantice estar en las mejores condiciones para buscar la competitividad y la excelencia aprovechando el talento de todos y todas.

Por eso, esta no es una ley más, ni la ley que derogará solo la LOMCE, es toda una reforma educativa en positivo que no viene a recortar derechos, a censurar y acotar como ha hecho el PP estos casi 8 años de Gobierno de Rajoy o como está haciendo ahora en Andalucía con el decretazo de escolarización en lo que puede ser el principio del desmantelamiento de la educación pública con el desprecio a la comunidad educativa. El Gobierno de Pedro Sánchez prepara una ley que supondrá la transformación de su sistema educativo para potenciar, al máximo, las capacidades de sus actores, del alumnado. Y lo hará desde la equidad para no dejar nadie atrás, y también impulsará la participación de la comunidad educativa, que fomenta la inclusión y empodera a todos los agentes de la comunidad.

En esta profunda transformación de nuestro sistema educativo se busca sentar las bases para impulsar la modernización y la innovación del sistema educativo con una apuesta por la personalización de los aprendizajes y la obtención de mayores tasas de éxito escolar de forma transversal con los principios de la coeducación, la educación en valores y el desarrollo sostenible como estandarte del mundo contemporáneo.

Es crucial contar con un sistema educativo que, ciertamente, blinde la igualdad de oportunidades y que no deje a nadie atrás como hasta ahora ocurría con la LOMCE del PP. La nueva Ley de Educación terminará con la segregación y apostará por la educación pública. Revertirá todos los recortes que aplicó el anterior ejecutivo del PP y avanzará en la universalización de la enseñanza de cero a tres años además de mejorar permanentemente la formación de nuestro profesorado.

Este proyecto de ley aspira a preservar y a garantizar una educación de mayor calidad, sienta las bases para evitar las diferencias de los alumnos por razones socioeconómicas y tiene que hacer frente urgentemente a las elevadas tasas de abandono escolar que ha provocado la Ley Wert del PP durante todos estos años. La futura ley tiene el reto de hacer de la educación el principal motor del ascensor social dando estabilidad a uno de los pilares básicos del Estado, en un reto estratégico que pasa, sin más dilación, como prometimos en campaña, por dar a este país una educación inclusiva que equilibre las desigualdades, que no frustre expectativas y que pueda contar con una financiación suficiente para lograr estos objetivos para sus jóvenes.

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Educación y valores democráticos

No recuerdo un rechazo tan sonoro y mayoritario en nuestro país como el que ha provocado el anuncio retrógrado y antidemocrático de Vox de aplicar el ‘pin parental’ en Murcia, en Andalucía y en otras comunidades utilizando a los menores y a la educación como moneda de cambio y amenaza para aprobar unos presupuestos. Esta obsesión reaccionaria de Vox contra los valores democráticos, que también apoya el PP, es un auténtico peligro para nuestra sociedad y atenta contra la libertad y los derechos, en este caso, de los menores pretendiendo, incluso, estar por encima de la Declaración Universal del Niño o de la Constitución española.

Ser constitucionalista debe ser, precisamente, eso: defender derechos básicos y fundamentales descritos en artículos como el 9.2 el 10.1, el 14 y, sobre todo, el 27, el del derecho a la educación y a la libertad de enseñanza, bajo los principios de igualdad y respeto a los derechos de la persona. Debemos educarnos para convivir en sociedad aceptando, desde el respeto, la diversidad y de ahí que el debate que se ha planteado en toda la sociedad sea tan importante y trascendental. No debemos transigir ni permitir que venza la ultra derecha, porque, en el otro lado, se sitúa lo más importante: los niños y niñas. Ha de vencer la democracia, porque está en cuestión la libertad o la esclavitud que pretenden los que quieren imponernos este pin.

Los derechos de los menores están por encima de todo y esta medida es una vulneración de sus derechos que afecta a los contenidos diseñados e impartidos en nuestros colegios al querer cercenar la libertad, la igualdad y los valores que forman parte de los principios de la escuela democrática, que es la mayor y mejor institución para hacer ciudadanas y ciudadanos libres que vean, conozcan y decidan más allá de sus propias familias y entornos sin una visión sesgada, sectaria y limitada del mundo y de sus futuros como personas adultas.

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