Cambio climático

Esta semana el mundo está mirando con expectación y preocupación lo que se está abordando en la Cumbre del Clima de las Naciones Unidas que España, gracias a la decisión de su presidente, organiza tras la renuncia de Santiago de Chile, lo que convierte a nuestro país en la esperanza de la política mundial ante las urgentes medidas a tomar por la emergencia climática en la que ya nos encontramos inmersos.

Los impactos que está provocando el cambio climático y las advertencias de la ONU que invitan a la acción porque el tiempo se agota, deben provocar que en España los estados tomen conciencia de la necesidad urgente de multiplicar por cinco los esfuerzos que se adoptaron en los Acuerdos de París de 2015. Actualmente, han quedado insuficientes y, en muchos casos, ni se han alcanzado lo que provoca que, a día de hoy, exista una enorme brecha entre lo que se ha de hacer y lo que realmente se ejecuta.

No podemos olvidar que ante el discurso negacionista de unos que pretenden boicotear la cumbre y la actitud de otros que, por su parte, no han querido tomar medidas desde el Gobierno, hay millones de españoles, sobre todo jóvenes formados e informados, que han tomado conciencia y que fueron quienes salieron el 27 de septiembre a la calle para exigir a los políticos acción. No podemos defraudar.

El cambio climático debe estar presente en las agendas de los gobiernos, como ha ocurrido en el Ejecutivo de Pedro Sánchez que, en 17 meses, ha ido tomando medidas de forma transversal y que han situado a España entre los cinco países que más avances están dando en Europa gracias a su compromiso, sensibilidad y determinación que los socialistas tenemos. En el PSOE estamos convencidos de que el cambio climático es un reto urgente que abre una puerta a la oportunidad para dar un gran cambio en nuestro país.

Por desgracia, no siempre este país lo ha tenido tan claro. Es memorable la sorna con la que Aznar abordaba el cambio climático o los ataques del Gobierno de Rajoy a las energías renovables; una acción que provocó que España se situara a la cola de los países en la lucha contra el cambio climático. Todo un despropósito porque somos una economía que, junto al grupo que conforma el G20, acumulamos el 78% de todas las emisiones del efecto invernadero. Sin embargo, con el Gobierno de Pedro Sánchez se han ido tomando medidas en la dirección de los Acuerdos de París y en esa senda se pretende continuar una vez que se constituya un nuevo gobierno progresista.

Una de las primeras medidas que adoptó el Gobierno socialista fue la de corregir y derogar esa anomalía que suponía el llamado ‘impuesto al sol’ y acabar con el castigo que sufrían las energías renovables, a las que perseguía el Ejecutivo de Rajoy que convirtió a nuestro país en un destino inseguro jurídicamente para la apuesta internacional por las energías renovables. Para enmendar este despropósito, el Gobierno de Pedro Sánchez, puso en marchar medidas, como la Estrategia de Transición Justa o el Plan Nacional de Energía y Clima.

Y hay previstas muchas más que servirán para reforzar el Derecho al Medio Ambiente contemplado en el Artículo 45 de la Constitución, entre las que destacan una Ley de Cambio Climático y Transición Energética que colocarán España en un país dispuesto a liderar, desde la ética y con una perspectiva de equidad y solidaridad, la protección al medio ambiente.

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Violencia machista

Se cumplen ahora 15 años desde la aprobación, por unanimidad, de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Se trata de la primera ley integral de estas características aprobada en un país europeo que constituye un poderoso instrumento para derrotar al machismo criminal desde la unidad institucional y política y que logró unir a todos los partidos en la firma de un Pacto de Estado que ahora pone en marcha e impulsa un Gobierno socialista con más financiación para los ayuntamientos y comunidades autónomas y con otras medidas que esperan a la conformación del nuevo gobierno.

Sin embargo, en este 25-N la preocupación es máxima debido al número de víctimas mortales de este año y por las alarmas que surgen en las comunidades autónomas por las fuerzas políticas que empiezan a romper la unidad institucional y que se dedican a cuestionar la violencia de género en sus programas. Pero preocupa más cuando se cuestiona desde las administraciones, que son las que deben de aplicar el Pacto de Estado suscrito. Si algo ha quedado demostrado en estos 15 años de Ley es que la violencia no es neutra, que las mujeres son las víctimas y que los hombres los sus agresores. Durante estos 15 años ha existido, igualmente, consenso para denominar a las cosas por su nombre: violencia machista.

Las mujeres siguen sufriendo violencia de género y el número de asesinatos sigue siendo escalofriante. No podemos permitirnos ningún tipo de impasibilidad y debemos luchar por el derecho a la vida, así como seguir peleando por la igualdad siendo conscientes de que con las leyes no es suficiente. Pero, además, a esta lucha se une ahora que tengamos que combatir contra la parcialidad de algunos que pretenden romper uno de los mejores antídotos de la violencia machista: la unidad y la unanimidad de las instituciones.

Vivimos también un momento en el que resurgen conductas machistas en edades más tempranas y es fundamental atajarlo con el reto de la igualdad real, porque sólo así seremos una sociedad moderna, avanzada e inclusiva. Debemos marcarnos como objetivo que la actual generación no puede dejar de ser la de la igualdad de derechos pero, realmente, para que la siguiente generación sea de ‘igualdad real’ el papel de las instituciones es clave. Y, sobre todo, el del Gobierno de España.

Pedro Sánchez lo ha demostrado en sus 15 meses de gobierno, ya que ha tomado medidas urgentes a través del Pacto de Estado como ha sido el aumento de la financiación de recursos para ayuntamientos y comunidades autónomas. Ahora, el nuevo Gobierno progresista que se ha de conformar debe incorporar en nuestro Ordenamiento lo dispuesto en el Convenio de Estambul para prevenir y erradicar las formas de violencia que sufren las mujeres más allá de la violencia de pareja o expareja. También se han de duplicar las partidas para ayuntamientos hasta alcanzar los 40 millones de euros y hay que poner en marcha unidades forenses para la valoración integral y periódica de las víctimas, de sus hijos e hijas. Hay que formar a más profesionales en materia de Justicia y Educación y que reforzar el apoyo a las mujeres que ya padecen esta violencia con un Plan Integral de Compensación, Reparación y Recuperación de su autonomía. Asimismo, los socialistas nos hemos comprometido a realizar reformas en el Código Penal para garantizar que el consentimiento de la víctima ha de ser clave y que si una mujer no dice claramente que ‘sí’, todo lo demás es ‘no’.

Este 25-N toca, más que nunca, luchar y no permitir que se blanqueen los postulados de la ultraderecha. No podemos consentir la ruptura de la unidad institucional ni que se rompa el consenso logrado hasta ahora.

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