Educación y valores democráticos

No recuerdo un rechazo tan sonoro y mayoritario en nuestro país como el que ha provocado el anuncio retrógrado y antidemocrático de Vox de aplicar el ‘pin parental’ en Murcia, en Andalucía y en otras comunidades utilizando a los menores y a la educación como moneda de cambio y amenaza para aprobar unos presupuestos. Esta obsesión reaccionaria de Vox contra los valores democráticos, que también apoya el PP, es un auténtico peligro para nuestra sociedad y atenta contra la libertad y los derechos, en este caso, de los menores pretendiendo, incluso, estar por encima de la Declaración Universal del Niño o de la Constitución española.

Ser constitucionalista debe ser, precisamente, eso: defender derechos básicos y fundamentales descritos en artículos como el 9.2 el 10.1, el 14 y, sobre todo, el 27, el del derecho a la educación y a la libertad de enseñanza, bajo los principios de igualdad y respeto a los derechos de la persona. Debemos educarnos para convivir en sociedad aceptando, desde el respeto, la diversidad y de ahí que el debate que se ha planteado en toda la sociedad sea tan importante y trascendental. No debemos transigir ni permitir que venza la ultra derecha, porque, en el otro lado, se sitúa lo más importante: los niños y niñas. Ha de vencer la democracia, porque está en cuestión la libertad o la esclavitud que pretenden los que quieren imponernos este pin.

Los derechos de los menores están por encima de todo y esta medida es una vulneración de sus derechos que afecta a los contenidos diseñados e impartidos en nuestros colegios al querer cercenar la libertad, la igualdad y los valores que forman parte de los principios de la escuela democrática, que es la mayor y mejor institución para hacer ciudadanas y ciudadanos libres que vean, conozcan y decidan más allá de sus propias familias y entornos sin una visión sesgada, sectaria y limitada del mundo y de sus futuros como personas adultas.

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Construir país

Tenemos un Gobierno que ha celebrado ya su primer Consejo de Ministros y cuya composición no ha pasado desapercibida. Ha captado la atención social, dado que no se trata de un ejecutivo más ni de unos ministros cualesquiera. El de Pedro Sánchez es un Gobierno con un claro perfil político, plural, que está preparado técnicamente con excelentes profesionales y cuyas trayectorias avalan su capacidad para hacer frente a los problemas del país y abren el camino al progreso tratándose del primer gobierno de coalición de nuestra democracia.

La composición y los perfiles de quienes conforman el nuevo gobierno no son casuales y obedecen a la imperiosa necesidad de elegir a personas con valores progresistas que inspiren su acción para abrir un nuevo tiempo de cambio, de cohesión y de dialogo y que gobiernen para todos los españoles desde la moderación pero con una agenda social que marque, sin ningún miedo, las políticas que se van a llevar a cabo.

El nuevo Ejecutivo tendrá por delante el reto de construir país, de hacerlo sin radicalismos ni extremismos, sino con diálogo y tendiendo puentes de colaboración y estableciendo una convivencia para todos los territorios y para toda la ciudadanía. Será una legislatura de dialogo social, territorial y generacional con la que se cimentará un país, España, desde el consenso y no desde el insulto, la descalificación o la diferencia.

España necesita certidumbre y estabilidad, que es a lo que responde este gobierno lo que se espera de él, porque la ciudadanía ha votado exactamente eso: acuerdo, pacto y grandes consensos.

Y es ahí donde si tan necesario era tener gobierno, igual de importante es que el PP asuma el resultado, acepte que España ha querido otro gobierno de izquierdas y a ellos y a la derecha en la oposición. El PP debe asumir su papel constitucional y volver a la derecha democrática sin convertirse en franquicia de la extrema derecha. De esta manera contribuirá a fortalecer la democracia y a bajar la crispación entre la población, al igual que ha hecho anteriormente el PSOE, un partido que siempre ha realizado una oposición leal, constructiva y con sentido de estado.

Esta actitud y necesaria asunción que debe realizar el PP sobre el lugar que le corresponde ocupar es lo que ahora necesita el país para ponerse en marcha y no ponerse de dique de contrapeso contra la justicia social, la transformación de nuestro modelo productivo o la transición ecológica. El Gobierno progresista quiere, con su acción, dejar atrás los años de los recortes en derechos y dejar de ser un freno a las legítimas aspiraciones de los diferentes territorios. Pronto podremos comprobar cómo desde la política se es capaz de idear soluciones para los problemas a base de medidas concretas para mejorar el presente y el futuro de quienes habitamos este país.

Este gobierno está respaldado por una mayoría social que le avala y que ha depositado en él su confianza junto al resto de fuerzas progresistas para marcar un nuevo rumbo frente a una derecha que no ha cambiado y que sigue significando destrucción, crispación, veto, enfrentamiento entre españoles y territorios y que no dejará ni un solo día de respiro a este gobierno que ha nacido para demostrar que es el momento de la democracia. La izquierda ha vuelto al Gobierno de este país tras el 10-N y está dispuesta a dar pasos hacia adelante como hemos hecho anteriormente con grandes hitos que hemos construido como país con el PSOE al frente de un gobierno para todos y para todas.

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