Sanidad: Un derecho universal

Han sido muchas las decisiones y recortes del Partido Popular en el Gobierno de España que han provocado un daño evidente que toda la sociedad, salvo ellos, veía con claridad. Entre las más duras, en cuanto que cruel, se encuentra la referida a dejar sin tarjeta sanitaria a las personas en situación irregular en el país o a aquellos españoles que, con la crisis encima, tuvieron que salir del país en busca de trabajo después de 90 días fuera.

Solo en 2012, año en el que entró en vigor la Ley que lo hacía posible, se calcula que unas 800.000 personas en toda España se quedaron sin tarjeta sanitaria. Andalucía, gracias a un gobierno socialista que se convirtió en dique de contención ante las medidas antisociales en las que se empeñó a fondo el Partido Popular, nunca permitió que se negara la asistencia sanitaria de manera universal en su territorio.
Los socialistas lo hemos tenido siempre claro. La salud es un derecho inalienable y, al igual que la educación, requiere de políticas de Estado. Desde la Junta de Andalucía se ha venido reclamando así a Rajoy durante todo este tiempo y se ha venido dando ejemplo, con la apuesta de la presidenta Susana Díaz por una sanidad pública a la que se destinan 1 de cada 3 euros del presupuesto de la comunidad.

Ahora, con el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, por fin se podrá volver a recuperar lo que nunca se debió perder en el conjunto del país: Se derogará el Real Decreto Ley que acabó con la sanidad universal y se aprobará uno nuevo, con el que se devolverá a todas las personas su derecho a la protección de su salud. Tras darse a conocer ese giro radical en materia de sanidad en el Consejo de Ministros de hace unas semanas, la ministra encargada de ese departamento, Carmen Montón, avanzó su disposición a abordar el asunto desde el diálogo con las comunidades autónomas y, por supuesto, con los agentes sociales, entidades de la sociedad civil y del movimiento asociativo o las sociedades científicas y profesionales implicadas en la defensa del derecho a la salud. 

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Tiempo de hechos frente a promesas

El Gobierno del PSOE en España ha dejado claro, desde el principio de su andadura, que tiene el firme compromiso de cumplir con Almería e impulsar que se conviertan en realidad las promesas vacías, hasta el momento, del Partido Popular. De ese modo, mientras que desde el PP almeriense, de manera orquestada entre el alcalde de la capital y sus diputados y senadores en Madrid, se dedican a lanzar dudas sobre el futuro del AVE, el soterramiento y todos los proyectos que se les vengan a la mente relacionados con el Ministerio de Fomento, el nuevo titular de este departamento, José Luis Ábalos, ha sido tajante: La voluntad del PSOE es no paralizar ni demorar nada de lo que, desde el punto de vista técnico, se haya contemplado hacer próximamente.

Y remarco ese que se haya contemplado realmente desde el punto de vista técnico porque, durante todos los años en los que Rajoy ha estado La Moncloa, la única verdad que nos hemos encontrado ha sido la paralización de todas las obras previstas para la llegada de la Alta Velocidad a Almería que los socialistas dejamos en cartera y, acompañando a esta, una serie de promesas con respecto a plazos que, hoy por hoy, hay que creerse haciendo un acto de fe. Por ese motivo, la primera -y acertada- decisión del nuevo ministro es la de realizar una auditoría sobre los plazos anunciados para cada obra de cara a constatar que, como suele ser frecuente por parte del PP, no se hayan lanzado fechas dentro de un intento por tratar de quedar bien desde un Ejecutivo que estaba muy cuestionado o para haber tratado de remontar entre la ciudadanía viendo la falta de apoyo evidente que tenían ante la cercanía de distintas elecciones.

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