Recuperación social para Almería

Los españoles estamos asistiendo con verdadero estupor, a consecuencia de la reforma laboral del PP, el recorte de derechos y los copagos impuestos por el Gobierno de Rajoy, al florecimiento y, por desgracia, consolidación de una nueva realidad social compuesta por personas que disponen de un empleo y, por lo tanto, de unos ingresos, pero que no alcanzan a cubrir sus necesidades básicas ni las de su familia: contratos de apenas unas horas, trabajos no regulados sin garantías sociales o colectivos completos hundidos en la desesperanza ante la evidencia de que la recuperación no les reportará ningún tipo de mejora personal, son el nuevo mosaico sociolaboral.

Según el último informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES), presentado el pasado año, un total de 12,9 millones de personas, casi un 28% de la población, vive en riesgo de pobreza y exclusión social. En Almería, el ejemplo más visible lo tenemos en los trabajadores del servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Almería. Las condiciones laborales impuestas por el PP no les permiten cobrar más de 800 euros al mes y la mayoría no alcanza ni de lejos esa cantidad porque, a duras penas, logra realizar unas pocas horas a la semana. Hablamos de 520 trabajadores, el 95 por ciento de ellos mujeres, que atienden a 1.500 usuarios, en lo que constituye un servicio vital para muchas familias.

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Plusvalías a pérdidas

No hace falta encargar una encuesta para saber que el gran problema de las familias almerienses estriba en las dificultades económicas para llegar a fin de mes. La crisis no sólo trajo consigo el hundimiento del sector de la construcción y el desplome del castillo de naipes de los servicios asociados a él, sino que dejó atadas a numerosas familias al universo incierto de hipotecas sobre propiedades inmuebles con un valor hueco, muy alejado del precio por el que fueron adquiridas. Desde el PSOE ya lo veníamos denunciando: no es justo tributar por la venta de una vivienda como si hubiera generado una ganancia, cuando lo cierto es que se ha vendido muy por debajo del precio por el que fue adquirida en su día.

De ahí que desde el PSOE hayamos reclamado a los mandatarios populares que pusieran los pies en el suelo y lo hemos conseguido. Finalmente, el Ministerio de Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) han pactado la reforma del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), conocido como plusvalía municipal, con el fin de que la venta a pérdidas de los inmuebles no tribute por este impuesto. Se trata de un cambio legislativo que se aplicará con carácter retroactivo desde el 15 de junio de 2017 y cuya presentación ultima el Gobierno, con idea de que entre en vigor antes del próximo verano.

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