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Lecciones de esta crisis

El escenario excepcional, doloroso y duro que vivimos con el Covid-19 nos está poniendo a prueba de manera individual y como sociedad, pero también como parte de un Estado de Derecho que responde a cuestiones tan vitales como poder contar con una sanidad pública, universal y de calidad.

En esta crisis la ciudadanía no ha dudado en mostrar a diario su plena confianza en el sistema sanitario público y en sus profesionales con sonoros aplausos a través de sus ventanas y balcones desde el primer día de confinamiento. Es ahora cuando más se está reflexionando  sobre la importancia de contar con un sistema sanitario público suficientemente financiado que plante cara con éxito al estrés y colapso al que se le puede someter con esta pandemia y al que se  necesita fortalecido y sin los recortes tan severos y privatizaciones como las que ha sufrido, sin ir más lejos, en la Comunidad Autónoma de Madrid. Una comunidad que se ha convertido en un triste ejemplo de lo que nunca se debió hacer y que ahora, por desgracia, se está cobrando esa mala gestión con sufrimiento, desesperación y vidas humanas.

Madrid contaba en el Presupuesto de 2019 con 1.400 millones de euros menos para la sanidad pública que la media del resto de comunidades autónomas españolas y marcaba la evidencia de una gestión de la sanidad pública que se ha ido deteriorando desde la legislatura de 2014 en la que se ha privatizado progresivamente el sistema y se ha infra financiado la sanidad pública.

Por eso, tanto ahora en lo urgente como en lo sucesivo, la solución pasa por tres ámbitos de lucha, tal y como ha precisado el presidente del Gobierno. En lo económico, se ha aprobado una inyección económica sin precedentes para nuestras empresas; en lo social, se procura que el dinero vaya directamente a las familias y, en lo sanitario, se da la mayor movilización de recursos de nuestra historia y que se dirige, como siempre hacemos los socialistas, a financiar y a fortalecer nuestra sanidad pública.

A todos y a todas se nos exige un ejercicio de responsabilidad, de generosidad y de civismo. No se pueden permitir actitudes de confrontación entre territorios y, tampoco, se deben consentir bulos y mentiras que llegan a ser tan miserables como la lanzada por el gobierno de las tres derechas andaluz sobre la falta de mascarillas, o robo, por parte del Gobierno a nuestra comunidad. Un extremo absolutamente falso, como ha quedado demostrado, pero que, lamentablemente, ha vuelto a dejar en evidencia a quienes nos dirigen desde la Junta en estos momentos. Las comunidades autónomas, como titulares de la gestión sanitaria, no han tenido ningún impedimento para comprar los equipos de protección que estimaran necesarios ni ahora ni antes de la declaración de estado de alarma. De hecho, el Gobierno andaluz ha anunciado estos días la compra de ese material, lo que da muestra de la autonomía de los gobiernos regionales para dotar a sus hospitales y centros de salud del material que precisen.

Nadie en su sano juicio debe pensar y transmitir a la población que pueden existir diferencias de trato por comunidades, territorios o ciudades en un momento de urgencia nacional donde se demuestra, como no podía ser de otra manera, que para un gobierno responsable la única prioridad es el pueblo español. Y lo que únicamente procede ahora es la unidad y la defensa de lo público y de sus profesionales, que lo están dando todo por nosotros.

Desde el PSOE, como partido, y como la formación en el Gobierno Andaluz que construyó y ha mantenido a un excelente nivel durante 37 años la mayor empresa pública de nuestra región, como es la sanitaria -con 112.000 profesionales, una red de 1.500 centros de atención primaria y 80 especializados conforman uno de los mejores sistemas sanitarios del país-, sólo queremos tener palabras y gestos para defender y reconocer a nuestros profesionales como héroes de esta lucha. Y para gritar que antes, ahora y después, hay que defender la sanidad pública por ellos y por nosotros. Porque la lección a partir de esta crisis será invertir y aumentar el presupuesto en sanidad y poner freno a la amenaza que sufre desde la entrada de la derecha en Andalucía.

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Una Ley educativa para el siglo XXI

El Consejo de Ministros del Gobierno ha dado luz verde al Proyecto de Ley de Educación que finalizará derogando la LOMCE por una normativa que colocará al alumnado en el centro de toda la educación para darle más calidad, más excelencia y más equidad al sistema educativo público.

Para el PSOE, una buena educación es la mayor fuente de riqueza y el principal recurso de un país y de su ciudadanía. La población precisa de una ley educativa del siglo XXI que nos garantice estar en las mejores condiciones para buscar la competitividad y la excelencia aprovechando el talento de todos y todas.

Por eso, esta no es una ley más, ni la ley que derogará solo la LOMCE, es toda una reforma educativa en positivo que no viene a recortar derechos, a censurar y acotar como ha hecho el PP estos casi 8 años de Gobierno de Rajoy o como está haciendo ahora en Andalucía con el decretazo de escolarización en lo que puede ser el principio del desmantelamiento de la educación pública con el desprecio a la comunidad educativa. El Gobierno de Pedro Sánchez prepara una ley que supondrá la transformación de su sistema educativo para potenciar, al máximo, las capacidades de sus actores, del alumnado. Y lo hará desde la equidad para no dejar nadie atrás, y también impulsará la participación de la comunidad educativa, que fomenta la inclusión y empodera a todos los agentes de la comunidad.

En esta profunda transformación de nuestro sistema educativo se busca sentar las bases para impulsar la modernización y la innovación del sistema educativo con una apuesta por la personalización de los aprendizajes y la obtención de mayores tasas de éxito escolar de forma transversal con los principios de la coeducación, la educación en valores y el desarrollo sostenible como estandarte del mundo contemporáneo.

Es crucial contar con un sistema educativo que, ciertamente, blinde la igualdad de oportunidades y que no deje a nadie atrás como hasta ahora ocurría con la LOMCE del PP. La nueva Ley de Educación terminará con la segregación y apostará por la educación pública. Revertirá todos los recortes que aplicó el anterior ejecutivo del PP y avanzará en la universalización de la enseñanza de cero a tres años además de mejorar permanentemente la formación de nuestro profesorado.

Este proyecto de ley aspira a preservar y a garantizar una educación de mayor calidad, sienta las bases para evitar las diferencias de los alumnos por razones socioeconómicas y tiene que hacer frente urgentemente a las elevadas tasas de abandono escolar que ha provocado la Ley Wert del PP durante todos estos años. La futura ley tiene el reto de hacer de la educación el principal motor del ascensor social dando estabilidad a uno de los pilares básicos del Estado, en un reto estratégico que pasa, sin más dilación, como prometimos en campaña, por dar a este país una educación inclusiva que equilibre las desigualdades, que no frustre expectativas y que pueda contar con una financiación suficiente para lograr estos objetivos para sus jóvenes.

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