Sanidad: Un derecho universal

Han sido muchas las decisiones y recortes del Partido Popular en el Gobierno de España que han provocado un daño evidente que toda la sociedad, salvo ellos, veía con claridad. Entre las más duras, en cuanto que cruel, se encuentra la referida a dejar sin tarjeta sanitaria a las personas en situación irregular en el país o a aquellos españoles que, con la crisis encima, tuvieron que salir del país en busca de trabajo después de 90 días fuera.

Solo en 2012, año en el que entró en vigor la Ley que lo hacía posible, se calcula que unas 800.000 personas en toda España se quedaron sin tarjeta sanitaria. Andalucía, gracias a un gobierno socialista que se convirtió en dique de contención ante las medidas antisociales en las que se empeñó a fondo el Partido Popular, nunca permitió que se negara la asistencia sanitaria de manera universal en su territorio.
Los socialistas lo hemos tenido siempre claro. La salud es un derecho inalienable y, al igual que la educación, requiere de políticas de Estado. Desde la Junta de Andalucía se ha venido reclamando así a Rajoy durante todo este tiempo y se ha venido dando ejemplo, con la apuesta de la presidenta Susana Díaz por una sanidad pública a la que se destinan 1 de cada 3 euros del presupuesto de la comunidad.

Ahora, con el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, por fin se podrá volver a recuperar lo que nunca se debió perder en el conjunto del país: Se derogará el Real Decreto Ley que acabó con la sanidad universal y se aprobará uno nuevo, con el que se devolverá a todas las personas su derecho a la protección de su salud. Tras darse a conocer ese giro radical en materia de sanidad en el Consejo de Ministros de hace unas semanas, la ministra encargada de ese departamento, Carmen Montón, avanzó su disposición a abordar el asunto desde el diálogo con las comunidades autónomas y, por supuesto, con los agentes sociales, entidades de la sociedad civil y del movimiento asociativo o las sociedades científicas y profesionales implicadas en la defensa del derecho a la salud. 

El asunto es de gran trascendencia, según evidencian datos como los arrojados por un informe de la Universidad Pompeu Fabra publicado este mismo año. Entre ellos, que la ley del PP provocó un aumento medio del 15% de la mortalidad de los inmigrantes irregulares en nuestro país –lo que se traduce en unas 400 muertes en seis años-. Con esta realidad sobre la mesa, el Gobierno del PSOE no hace más que cumplir con la exigencia moral de garantizar el derecho de la atención sanitaria normalizada a toda la población, así como con las mejoras de la salud individual y colectiva que ofrece la cobertura sanitaria universal –tales como la prevención de la salud a través del acceso normalizado de atención primaria y a programas de promoción de la salud-.

La revocación de la exclusión sanitaria también permitirá a España dar respuesta a los mandatos internacionales relativos a esta cuestión, entre ellos los del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas o de la Comisión Europea, además de los nacionales, como el informe anual del Defensor del Pueblo de 2017. Con esta manera de actuar se recupera la dignidad en el Gobierno y se puede decir con orgullo que uno de los pilares del Estado del Bienestar será lo que antes fue y lo que siempre debe de ser: Un derecho y no un privilegio.

Andalucía, como no podría ser de otra manera, ya ha mostrado su satisfacción ante el anuncio de la recuperación de la universalidad de la asistencia sanitaria después de que, lamentablemente, el anterior Gobierno nunca atendiera sus peticiones al respecto. Ha llegado el momento de que, con carácter general, se actúe como hace nuestra comunidad a partir de entender algo muy sencillo: Que las personas son personas, independientemente de sus circunstancias, y que, por lo tanto, todas tienen derecho a ser atendidas en igualdad dentro de la sanidad pública.

Artículo de opinión publicado en la edición impresa de Ideal Almería (27 de junio de 2018)

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