Blindaje a los servicios sociales

Existen muchas formas de gobernar. Incluso, me atrevería a decir que hay muchos gobiernos que en lugar de dedicarse a gobernar lo que hacen es malgobernar o, dicho de otra manera, gobernar en contra de los intereses de todas aquellas personas que llevaron a sus dirigentes hasta el puesto que ocupan. Acostumbrados como estamos -aunque nunca resignados- a esta manera de actuar por parte del que sigue siendo presidente en funciones de este país, Mariano Rajoy, y de muchos gobiernos regionales y locales del Partido Popular, supone una reconciliación con lo que debería ser la norma el tener conocimiento de proyectos como la futura Ley de Servicios Sociales promovida por parte de la Junta de Andalucía.

La norma, que en estos momentos está en tramitación parlamentaria, constata con hechos lo que algunos solamente pueden decir de palabra: Que las personas han sido, son y serán siempre la prioridad dentro de las políticas desarrolladas por gobiernos socialistas. Especialmente aquellas que requieren de un apoyo que no pueden encontrar en su entorno socioeconómico, como demuestran los cerca de 3,4 millones de euros que el Gobierno andaluz destinará a la próxima contratación temporal, a través de los ayuntamientos de la provincia, de personas en riesgo de exclusión social.

Pero volviendo a la futura Ley de Servicios Sociales, que convertirá a Andalucía en la primera comunidad autónoma que blinda con rango legal las coberturas básicas en materia de servicios sociales y establece nuevos derechos, cabe destacar que la misma tenga como objetivos principales los de prevenir, dar cobertura y atender las necesidades individuales y sociales básicas de los andaluces y almerienses en su entorno; además de los de mejorar su bienestar y los de proteger de manera especial a quienes se encuentran en situación de abandono, exclusión social o gran necesidad.

El establecimiento de un catálogo de prestaciones básicas garantizadas, que podrán ser exigibles por la ciudadanía, es un pilar fundamental de la norma y en el que se incluyen las vinculadas a ayudas económicas derivadas de la Ley de Depedencia; además de otras prestaciones contra la exclusión, la protección y amparo de las víctimas de violencia o los servicios de protección de menores.

Junto a este apartado, la creación de una Historia Social Digital -que funcionará de un modo similar a la Tarjeta de la Seguridad Social- marcará un antes y un después en la atención social de cada persona, ya que toda la información volcada en este soporte permitirá la mejora de la atención prestada y, obviamente, una mayor coordinación de los profesionales. Unos profesionales que, por cierto, también jugarán un papel clave a a hora de elaborar un mapa de servicios sociales que permita conocer las necesidades sociales de las distintas zonas de la comunidad autónoma y de nuestra provincia.

La Ley de Servicios Sociales es, sin duda, un proyecto ambicioso. Y supone un orgullo que, como socialista, pueda emplear la palabra ambición cuando, lejos de su acepción económica, estamos hablamos de las personas, de aquellas que damos vida a nuestros barrios, a nuestros municipios, a nuestras comunidades. Porque es para ellas, para su bienestar, que es el de todos nosotros, para quienes se tiene que gobernar.

 

Artículo publicado en Ideal, edición de Almería, el 3 de mayo de 2016

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