Los ayuntamientos en el centro de la política

Han bastado unos pocos días para que los ayuntamientos de nuestro país se hayan situado en el centro de la política. Con el nuevo Gobierno, los ayuntamientos españoles –de todo signo político– han iniciado una senda de protagonismo y podrán ver respondidas sus demandas y reivindicaciones, gracias a las medidas anunciadas por la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la línea de comprometerse a flexibilizar la regla de gasto y ampliar el uso por parte de los ayuntamientos del superávit.

Los consistorios de toda España han encontrado por fin un Gobierno receptivo y decidido a hacer frente a los años de pérdida de autonomía y asfixia financiera generados por el Partido Popular, que terminaron provocando la reducción de prestaciones y una menor calidad de los servicios municipales que los ayuntamientos venían prestando a sus vecinos. Tampoco se puede olvidar el abuso que supusieron los planes de pago a proveedores impuestos por el Ministerio de Montoro, que castigaban a los ayuntamientos con intereses más altos que los que establecían incluso los bancos en ese momento.

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Una ley que nos hace iguales

En estos días hemos conocido la trascendencia que está teniendo a nivel provincial la nueva Ley de Discapacidad de Andalucía. Esta norma, que es ejemplo de las avanzadas políticas públicas que se realizan en nuestra comunidad autónoma, está mejorando la calidad de vida de más de 44.000 almerienses y sus familias. En el conjunto de Andalucía, la Ley beneficia a más de 720.000 personas, más del 61% de ellas, mujeres, lo que supone casi el 10% de la población.

Dotada con una memoria económica de 1.300 millones de euros, La Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía incorpora la perspectiva de género y pone el énfasis en la capacitación, la autonomía, la independencia y el empoderamiento de las personas con otras capacidades, promoviendo la accesibilidad universal y previendo los apoyos individualizados que se pueden recibir cuando sean necesarios.

Aprobada por el Parlamento andaluz en 2017, 18 años después de la primera Ley de Discapacidad de Andalucía, que data de 1999, la nueva Ley se adecua también, de forma pionera en España, a las recomendaciones y exigencias realizadas por la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

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