Asalto definitivo al tren

La impresión que nos ha dejado la visita del ministro de Fomento a Almería no ha podido ser más desalentadora. El mandatario del Gobierno de Rajoy ha venido a certificar lo que ya todos intuíamos y es que nuestra provincia va a ser la única de España que no cuente con una conexión AVE estándar, sino que tendremos que apañarnos con una alta velocidad de tercera categoría. Que el PP nos obligue a tener un AVE de estas características es una verdadera condena para nuestras expectativas económicas y sociales, pues esa infraestructura, el día que funcione, no nos permitirá exportar hacia el resto de España ni a la Unión Europa, lo que limita y bastante nuestra capacidad de desarrollo y amenaza nuestro extraordinario potencial agrícola.

No es de extrañar las reticencias del ministro De la Serna a reunirse con la Mesa del Ferrocarril. En realidad no ha podido traer peores noticias: el certificado de defunción del AVE a Granada, la escenificación completa de esas maniobras de distracción que suponen redactar de nuevo los proyectos del AVE a Murcia -ya en ejecución a cargo de un gobierno socialista- y dar a conocer los detalles sobre el juego de artificios desplegado por el Gobierno de Rajoy, con la connivencia de sus compañeros de partido en Almería, que supone la actuación sobre la carretera de Sierra Alhamilla para eludir el compromiso de conectar el puerto a la red ferroviaria de alta velocidad.

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Golpe al empleo público

Hay personas que piensan que, ante los datos macroeconómicos, tanto la derecha como la izquierda actuaría de igual forma. Sin embargo, en Andalucía estamos demostrando, día a día, contra viento y marea, o lo que es lo mismo, contra el Gobierno de Rajoy, que navegar a través de una situación de crisis como la que aún persiste en muchas familias es más seguro bajo las siglas de un partido como el PSOE.

Hemos tenido muchos ejemplos de ello a lo largo de estos duros años, eternos en algunos barrios de Almería. El último se ha producido hace apenas unos días, vía recurso del ejecutivo central contra la decisión de la Junta de Andalucía de volver a situar la jornada laboral de los empleados públicos en 35 horas, restableciendo así las condiciones laborales a estos trabajadores y, lo más importante, creando oportunidades de empleo para 7.000 personas dentro de los servicios públicos andaluces.

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